La circunstancia de que la famosa causa de los “juguetes”, que comprometía a un ex vicegobernador de esta provincia, haya concluido sin conocerse si el entonces inculpado era inocente o culpable; y la causa de la explosión en Río Tercero, que concluyó sin que se deslindaran responsabilidades y recientemente que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe resolviera que los fueros parlamentarios de un senador provincial impiden la prosecución de una causa que lo vinculaba con el juego clandestino; sumen a la población en un profundo desasosiego y descrédito respecto de los poderes del estado.
Es que el común de las personas no pretende que se violen las normas, muchas de ellas constitucionales, sí pretende que conocida la comisión de delitos graves, se permita su dilucidación y se deslinden responsabilidades.
Y si ello no ocurre, si la transparencia no es un valor universal, porque es solamente exigible a quienes no tienen fueros, evidentemente se están vulnerando normas superiores que conforman al régimen republicano de gobierno.
Si a una persona de bien, que ha actuado correctamente, que tiene confianza en la organización jurídica del estado, se lo acusa falsamente, lejos de ampararse en sus fueros, debe abrirse a la investigación, para que la verdad surja claramente y ese halito de sospecha que conlleva toda denuncia, quede desvanecido con la investigación.
Si esto no es así, si el denunciado se ampara en los fueros parlamentarios, el común de las personas, tiene derecho a suponer, cuanto menos, que aquel no está muy convencido de su inocencia.
Desde este punto de vista, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que confirma que el senador posee fueros parlamentarios que lo sustraen de la investigación del Ministerio Público de la Acusación, como el eventual fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostenga lo contrario, no debería incidir, si las conductas que propiciamos fueran sostenidas por senadores provinciales y nacionales.
